El último informe de la EPA fija el paro en el 19,79%. Aumentan los contratos temporales en 127.800 mientras los contratos indefinidos caen a 34.900
Durante los últimos años, incluso antes de la llegada de la crisis en el año 2008, se planteaba un debate en los países industrializados sobre la inestabilidad de los nuevos puestos de trabajo que se creaban. Dicha inestabilidad ha podido surgir de las políticas laborales empleadas para lograr una mayor flexibilidad en los mercados laborales, cuyos objetivos eran mejorar la productividad de los trabajadores y aumentar el ritmo de la creación de empleo. En España concretamente, esta medida se comenzó a impulsar con la reforma laboral de 1984. Tras esta reforma, el ritmo de expansión de los contratos temporales fue muy rápido, así en 1987 la tasa de temporalidad ya era del 18%, llegando incluso en 1994 al 33%.
La aprobación de la última reforma laboral aprobada en España levantó ampollas en muchos sectores. Más allá de la oposición y de los sindicatos, son muchos los expertos en economía los que aseguran que la nueva ley laboral aprobada el pasado verano abaratará el despido y que disparará únicamente los contratos temporales dejando en un segundo plano los contratos indefinidos. Los datos del último informe publicado por la EPA señala un crecimiento considerable sobre esta cuestión.
Como medidas para recortar el uso del contrato temporal por parte de las empresas, el gobierno con su reforma trata de tomar una serie de medidas, como por ejemplo; establecer un límite temporal máximo en los contratos para obra o servicio determinado, a partir del cual ha de establecerse que las tareas contratadas tienen naturaleza permanente y deberán ser objeto de un contrato indefinido, por otra parte, se introducen ajustes para evitar el encadenamiento sucesivo de contratos temporales, y además se incrementa hasta doce días la indemnización por finalización de contrato temporal. Esta ultima medida se realizará de forma gradual y progresiva para no entorpecer la creación de empleo.
En cuanto al contrato indefinido, el gobierno propone; mantener la regulación sustantiva del contrato indefinido de carácter ordinario. Y además, dar nueva regulación al contrato de fomento de la contratación indefinida porque en la práctica su utilización se estaba desviando de su real finalidad, la cual era promover el acceso a contratos de carácter indefinido de los colectivos que más dificultades encuentran en la actualidad para obtenerlos.
También contempla igualar el coste de indemnización por despido improcedente por causas económicas y disciplinarias en los contratos de fomento, que en la actualidad es 33 días por año trabajado cuando hay causa objetiva, y 45 días por año trabajado en los despidos disciplinarios. En la práctica, sin embargo, los empresarios han optado por abonar 45 días. Por lo tanto, dicha reducción podría provocar que la indemnización aumentara su número y relegara los contratos indefinidos a una reliquia del pasado destinada a extinguirse con el paso del tiempo, tal y como apuntan los datos del último informe estadístico publicado por la EPA.
Muchos son los expertos económicos que refuerzan esta teoría, como por ejemplo Cristopher Pissarides, Premio Nobel de Economía 2010, el cual señala que en los países con alta tasa de temporalidad como España, divide a los trabajadores en dos grupos, los que poseen contrato indefinido y que tienen menor riesgo despido, y los que tienen en vigor un contrato temporal y que tienen un alto riesgo de ser despedidos. El Nobel precisó que en épocas de crisis, las empresas dejan de renovar los contratos temporales, causando un aumento de paro, dejando de contratar nuevo personal y provocando una duración del desempleo.
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